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02.02.2012 - Reproducimos un interesante reportaje de redactor del Grupo Joly, Antonio Fuentes, sobre la situación del "estado del bienestar":

"El Estado de bienestar que propició la universalidad del sistema de pensiones se afianza con la aparición de nuevas prestaciones como las recogidas en la ley de dependencia. El reto  del siglo XXI de aumentar la calidad de vida desafía a las amenazas de recortes por la crisis.

TREINTA años después, los orfelinatos se transformaron en centros de protección de menores. Los manicomios, en unidades mentales. Los asilos, en residencias asistidas. Hoy se habla del acogimiento como medida prioritaria para evitar la letanía de los huérfanos en casas hogar. El llamamiento a las familias de adictos a las drogas no procede de sectas indocumentadas, sino de comunidades terapéuticas. De residencias ilegales a envejecimiento activo. De la ocultación de los minusválidos a la empleabilidad de las personas con discapacidad. De crímenes pasionales a violencia de género.

La evolución del léxico muestra el avance en protección social que ha experimentado Andalucía desde 1982: la precaria asistencia basada en la beneficencia se ha convertido en una red garantista de servicios sociales sustentada en derechos individuales. De la caridad, a la legitimidad.

Quienes trabajaron en la ayuda al prójimo en la década de los 80 recuerdan que una persona podía estar toda su vida institucionalizada: de un orfanato pasaba a un reformatorio, de ahí a un centro psiquiátrico y, por último, a un asilo. Eran parias. Hoy todos los pasos se encaminan a favorecer la inclusión de estas personas y para ello las administraciones han procurado multitud de recursos y leyes proteccionistas.

Sin duda, coinciden los expertos consultados, el sustento más importante del llamado Estado de bienestar, junto a la educación y la sanidad, lo representa el sistema de pensiones, universalizado a principios de la década de los 80 y clave hoy día para evitar el agravamiento de los desequilibrios sociales. Al millón de pensiones contributivas que alcanzan a quienes han cotizado y hoy están jubilados, incapacitados o a sus familias, se suman las pensiones no contributivas para aquellos que carecen de recursos para la subsistencia.

Andalucía ha sido históricamente una de las comunidades más beneficiadas con estas últimas prestaciones, al tener un elevado número de mayores, mujeres que no cotizaron y trabajadores de renta agraria y de la pesca. El importe medio siempre fue más bajo que la media nacional, por lo que también a principios de los 90, la Junta de Andalucía complementó estas pensiones más bajas. Sólo disminuyeron bajo el Gobierno de José María Aznar (1996-2004) por disputas políticas.

Hoy, muchas familias sobreviven gracias a las onerosas aportaciones de miles de contribuyentes a la solidaria caja de la Seguridad Social antes de la crisis económica  (¡atención!: en 2008 todos los partidos prometieron pleno empleo). Esa bonanza ha propiciado en los últimos años un traspaso de pensiones  de las no contributivas a las contributivas, comentan personas que han estado recientemente a cargo del Imserso y que aportan un detalle insólito: la subida de las pensiones mínimas ha permitido que los mayores de 65 años ya no sean los que padecen las rentas más bajas en Andalucía. Ese reverso de la moneda lo ocupan ahora las familias numerosas y las madres solteras.

De esta nueva realidad son conscientes en la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz. Los colectivos que peor lo pasan son las familias con hijos que no tienen empleo, las mujeres solas, los jóvenes y los inmigrantes, denuncian. Mientras, los políticos juegan a las elecciones, censuran.

La crisis económica salpica cualquier reflexión sobre el futuro de los derechos sociales. Hay inquietud por la pérdida de los logros conquistados en los últimos 30 años. Dejando aparcada un momento la parca situación económica, las personas consultadas coinciden en tres hitos propios en la historia de los servicios sociales en Andalucía.

Uno, la ley andaluza de Servicios Sociales de 1988, que sentó las bases de un sistema público apoyado en la red de ayuntamientos y diputaciones. Dos, la reforma del Estatuto de Autonomía, pionero en reservar un título exclusivo para garantizar por ley los derechos sociales y, en los últimos cinco años, la controvertida ley de dependencia, cuyo desarrollo en Andalucía ha tenido más luces que sombras, pese a todo, en comparación con el resto de las comunidades.

Cinco años después de su entrada en vigor -aunque no fue hasta julio de 2007 cuando se estrenó el sistema- casi 200.000 dependientes andaluces se benefician de un servicio (ayuda a domicilio, plaza en una residencia o un centro de día, teleasistencia,…) o una prestación económica, una ayuda entendida como excepcional, pero hoy la mayoritaria. También en Andalucía, donde el 56% de los beneficiarios cobran una paga, aunque la Junta maquille la cifras tomando como referencia el número total de prestaciones, ya que en la comunidad son compatibles dos o incluso tres en algunas situaciones.

Pese a los problemas que persisten en la tramitación, con retrasos de más de un año en el tiempo máximo de seis meses establecido desde la presentación de la solicitud, más abundantes en las provincias de Sevilla y Cádiz, Andalucía aún da cobertura a un tercio de los dependientes del país.

Es una evidencia que niegan los responsables de la Junta, pero en los últimos meses el ritmo se ha estancado. En noviembre de 2011, por primera vez hubo un saldo negativo; es decir, fallecieron más dependientes de los que entraron en el sistema.

La decisión del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy de aplazar la entrada al sistema de los dependientes moderados, que debían estar cobrando sus ayudas desde el 1 de enero de 2011 y que no lo harán hasta 2013, ha dado un respiro a la Junta, pese a las protestas, ya que apenas ha dado prestaciones (las seguirán recibiendo) a unos cientos de beneficiarios de los más de 40.000 de este nivel que tenían derecho. Y es que a pesar del ingente esfuerzo presupuestario realizado por la Junta para dar cobertura en tiempo y forma a los dependientes (más de 4.000 millones en esta legislatura), los compromisos son muchos y el dinero es finito.

Así, en los últimos años, algunos de los proyectos más costosos con los que la Junta hubiera casi cerrado el círculo de las garantías sociales han tenido que ser aplazados sine die a la espera de un contexto económico más boyante, si se produjese.

Es el caso de compromisos estatutarios como la Renta Básica, una paga universal e indefinida para personas marginadas con un itinerario obligatorio de inserción laboral. Este derecho, que hubiera abierto una puerta de esperanza a personas en el umbral de la pobreza, cuando no en pobreza crónica, habría multiplicado al menos por cuatro el dinero que en la actualidad se destina al salario social, unos 65 millones de euros y en alza por la mayor demanda cada año de crisis. Para colectivos sociales, ese esfuerzo presupuestario es insignificante a tenor de lo que se pretende. Pero la Junta optó por otras necesidades que entendió más acuciantes.

Al limbo de derechos sociales que desaparecieron del mapa también cayó la renovación de la obsoleta ley de Servicios Sociales de 1988 o la ley de dependencia autonómica que, según se anunció, completaría el catálogo de prestaciones básicas que concede el Estado. Recortes en subvenciones a las ONG, como las de ayuda a la drogadicción, o los problemas para financiar con colaboración privada la construcción de nuevas residencias de mayores son otros de los impactos colaterales de los ajustes públicos al Estado del Bienestar.

Recortes que personas vinculadas a centros municipales pronostican que pueden ser mayores en los próximos años. Aluden a lo que está ocurriendo en otras comunidades. Trabajadores sociales (antes, asistentes sociales) apelan a no dar pasos atrás en esta evolución y lanzan un mensaje claro a quienes gobiernen a partir de las próximas elecciones autonómicas del 25 de marzo, sea quien gane: no se puede olvidar a los más desfavorecidos.

Estas mismas personas recuerdan la situación en la que se encontraba Andalucía hace 30 años.

Un asesor del Ministerio de Asuntos Sociales entre 1987 y 1991 rememora la visita a los entonces primarios centros sociales de Alcalá de Guadaíra y el de San Pablo de la capital hispalense para extender ese modelo al conjunto de la comunidad. Entonces apenas unos pocos ayuntamientos tenían concejalías de Asuntos Sociales (las primeras en Barcelona y en Gijón); hoy prácticamente todas las corporaciones la tienen. En la Junta, en 1990, el departamento se desgajó de Salud y se creó la Consejería de Asuntos Sociales, que dirigió en su primera etapa Carmen Hermosín.
En esas oficinas recuerdan la inquietud diaria de descolgar el teléfono y escuchar un nuevo caso de hacinamiento en residencias ilegales, frecuentes en esa época.

Es uno de esos recuerdos lejanos, de principios de otras décadas. Cuando los discapacitados (hoy personas con necesidades especiales) eran todos iguales. Hoy los hay físicos, no menos-válidos, e intelectuales, y enfermos mentales, y no locos que ingresan en sanatorios.

Hoy existen alternativas para los seres queridos que caen en la droga. Hay equipos de tratamiento familiar para evitar que niños desamparados acaben en la calle. Hay ayudas para otros tipos de familia y parejas de hecho. Y leyes de igualdad de género y contra la violencia de género. Hoy hay centros de servicios sociales casi en cada barrio. Hoy hay más bienestar social y la pregunta es si lo habrá mañana".