26.01.2012 - Miles de personas con discapacidad intelectual y sus familias corren serio peligro. La situación en comunidades como la Valenciana, Extremadura, Baleares o Navarra, entre otras, comienza a ser desesperada. Los recortes están afectando ya a miles de personas con discapacidad intelectual que podrían verse muy pronto  en la calle.

Nuestras federaciones en comunidades como la Valenciana, Extremadura, Baleares o Navarra, entre otras, se encuentran ante una desoladora situación económica: falta de liquidez, partidas presupuestarias a la baja, retraso en los pagos comprometidos, cancelación de servicios contratados por la administración, etc.

Estos problemas económicos comienzan a afectar a las vidas de miles de personas con discapacidad intelectual y de sus familias, tanto directamente (como en casos de empleos directos que se están destruyendo), como indirectamente (por la cancelación de apoyos y servicios que entidades como las de FEAPS prestan a estas personas).

En la Comunidad Valenciana nuestras entidades están sufriendo las consecuencias de los reiterados retrasos en los pagos de los compromisos adoptados por el Gobierno autonómico en áreas fundamentales como la Educación, el Empleo o la Sanidad. Corremos un serio riesgo de perder un alto porcentaje de puestos de trabajo tanto de personas con discapacidad intelectual como de aquellos profesionales que les prestan los apoyos que necesitan. Esto provoca un grave perjuicio en un colectivo especialmente vulnerable y con especiales dificultades para conseguir empleo estable.

En Navarra Las 31 entidades que representan a las más de 50.000 personas con discapacidad (incluida FEAPS), han calificado de "inaceptable" un anteproyecto de presupuestos del Gobierno foral para 2012 que rebaja las partidas en 2 millones (casi un 12%) respecto al año anterior, con especial incidencia sobre los programas de voluntariado y los Centros Especiales de Empleo.

En Extremadura, el Gobierno ha presentado un borrador de Presupuestos con un recorte del 25% respecto a 2011 en la partida asignada a la discapacidad. La Junta Directiva de nuestra federación considera que –de no producirse un reajuste presupuestario que restituya esa asignación al menos a una cifra similar a la de 2011–, “la prestación de servicios de calidad en los centros de FEAPS de la comunidad será inviable”. La consecuencia directa de ello es que más de 3.500 personas con discapacidad intelectual, 3.000 familias y más de 1.500 profesionales verán mermados sus derechos y su futuro.

Esta situación se repite en Baleares, en donde el Gobierno adeuda a nuestras entidades casi 12.500.000 de euros correspondientes a partidas de 2011, y aún no se sabe si este año podrán cobrar mes a mes o no. Y en Aragón, el Gobierno ha presupuestado un recorte del 77% respecto a 2011, en las subvenciones directas a entidades de discapacidad, que se suma a la cantidad que aún adeuda la administración a estas entidades.

FEAPS, junto a otras organizaciones de la discapacidad, debe defender los derechos y oportunidades que se han logrado hasta ahora en el ámbito de los apoyos y servicios que se prestan a las personas con discapacidad y sus familias.