En el transcurso de la reunión, los asistentes trasladaron al presidente del ejecutivo andaluz la creciente preocupación del movimiento asociativo, ante el retraso acumulado de hasta dos años, en el pago de las cantidades comprometidas por las distintas consejerías. CERMI-Andalucía entregó al presidente un documento con las principales prioridades del sector, entre ellas, que “en el menor plazo de tiempo posible”, se establezca un calendario “concreto y real de pagos para que finalice la incertidumbre generada por esa indefinición de fechas y se puedan planificar actuaciones precisas para salir adelante”. Además, el documento recogía la necesidad de conocer “lo antes posible” las previsiones presupuestarias del Gobierno de Andalucía, para la elaboración de presupuestos destinados a las políticas de acción destinadas a personas con discapacidad y sus familias y poder colaborar con los diferentes departamentos en la planificación de las actuaciones .

Asimismo, CERMI-Andalucía pidió que el Gobierno de Andalucía diseñara en coordinación con el Comité Andaluz “un plan de estabilidad a corto, medio y largo plazo para todo el sector, que permitiese garantizar unos derechos sociales de calidad a las personas con discapacidad y sus familias, así como su participación e inclusión social, laboral y educativa en la región”.

A pesar de la situación, CERMI-Andalucía afirmó que el sector de la discapacidad es consciente de las “grandes dificultades” que tiene el Gobierno de Andalucía para poder resolver los pagos de las deudas pendientes de la Administración regional. En este sentido, opinó que “hay que seguir dialogando y buscando soluciones conjuntamente en beneficio de todo el sector”, al tiempo que consideró que se trata de “un sector prioritario para cualquier departamento del Gobierno regional, ya que el trabajo que realiza es público subsidiario de la Administración con calidad y economía”.